Tras la quiebra del Banco Popular y su venta por un euro al Santander, Bruselas ultima un cambio regulatorio para que no vuelva a suceder. ¿Vocación de cambio o miedo a una posible condena?

Publicado por Vicente Montañez el 7 de Septiembre de 2017 

Mientras que la incredulidad aun subyace en muchos cartagineses y no menos españoles que invirtieron sus ahorros en acciones o bonos de la sexta entidad bancaria española y vieron como perdieron la totalidad de sus títulos y/o bonos mientras el banco era vendido por tan solo un euro, al cuasi todopoderoso de la banca española Banco de Santander, Bruselas empieza a admitir que tal vez sería necesario reaccionar con más flexibilidad ante situaciones de falta de liquidez temporal de las entidades europeas y ultima un cambio regulatorio al respecto.

Si, el Banco Central Europeo y en concreto los responsables del Mecanismo Único de Supervisión se están cuestionando la necesidad de aplicar una moratoria que limitara los grandes movimientos de liquidez durante un tiempo determinado mientras las autoridades deciden la mejor solución para una determinada entidad. Dicho de otra forma, habilitar un mecanismo que hubiera impedido a grandes fondos de inversión como BlackRock (con intereses tanto en Popular como en Santander) vender cantidades millonarias de títulos de la entidad o la retirada de un gran número de entidades públicas de fondos del Banco días o horas antes de la intervención, situación está que de no haberse producido, tal vez no hubiera hecho necesaria la intervención del Mecanismo Único de Supervisión.

Lo anteriormente expuesto nos da a entender que el Banco Central Europeo reconoce que existían lagunas sobre la normativa del Mecanismo Único de supervisión que decidió intervenir y vender por un Euro con el beneplácito ya sea por acción u omisión del gobierno español, de El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el FROB por un euro al Banco de Santander dejando a cero el valor de los bonos y títulos de la entidad (lo que ha supuesto la ruina de muchos pequeños accionistas y bonistas del Banco Popular que vieron volar sus ahorros sin aun dar crédito de lo sucedido).

Porque algo, o mucho, no deja de resultar extraño en lo sucedido con el Banco Popular. Un banco que había superado los test de stress definidos por la misma entidad que decide la suspensión de sus títulos y/o bonos y la venta de la misma tan solo unas semanas después. Unos test que entre otras cosas miden los requerimientos mínimos de capitalización de una entidad para poder hacer frente a posibles crisis de liquidez. Por tanto, si habían superado esos test, ¿o la demanda de liquidez por parte de las entidades y clientes fue desproporcionada o no debería de haberse producido incidencia alguna? A esta pregunta solo caben dos respuestas, o los test de stress a los que somete el regulador a las entidades financieras no son fiables o la demanda por parte de clientes y entidades de liquidez fue desmedida y por tanto motivada por causas que no corresponden a la lógica del negocio bancario. Supongamos que aceptamos por válida la primera respuesta. En ese caso, no se debería de aplicar una moratoria desde el Mecanismo Único de Supervisión sino modificar los requerimientos de capitalización bancaria de las entidades al alza, algo que posiblemente hiciera que muchas entidades europeas no fueran viables y por tanto, abriría la duda sobre si nuestro sistema financiero es tan solvente como se nos quiere hacer creer y por tanto de nada han servido las acciones del Banco Central Europeo para la necesaria reconversión del sistema financiero, en las que se han inyectado cantidades ingentes de dinero y recursos públicos.

Pero supongamos que la respuesta que diéramos por válida a la cuestión planteada fuera la segunda, y que por tanto se hubieran realizado acciones de retirada de fondos y venta de activos orientadas a generar una crisis de liquidez sobre la entidad de una forma intencionada, y por tanto manipulando la lógica normal del negocio bancario. Esto supondría aceptar la omisión de sus funciones o la manipulación interesada por parte del Banco de España y de la comisión nacional del mercado de valores así como intereses en que se aplicara el mecanismo único de supervisión para poder dejar a cero los títulos y bonos y por tanto proceder a la venta por el simbólico precio de un euro. En este caso, nos encontraríamos frente a una situación de absoluto atropello a los intereses legítimos del capital que seguro, y tras el aluvión de demandas presentadas por parte de los accionistas, dirimirán los distintos juzgados que tramitan ya dichas demandas.

Pero como siempre, dentro del pensamiento único que lidera la UE, podemos tapar las cuestiones reales (las dos anteriores) con una tercera vía que es la de la modificación de la normativa que ha puesto de manifiesto la gran indefensión de los accionistas y bonistas del Popular, permita echar tierra de por medio y prometer (en pro de la nueva legislación) que seremos mejores y que no volverá a suceder. Pero mucho me temo, que finalmente, y tras una larga cruzada judicial, alguna de las dos cuestiones opciones anteriores sea determinante y los afectados puedan ver en parte restituido el daño económico causado. Así que todo parece indicar que la vocación de cambio viene originada por el miedo a las posibles condenas.

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