La viabilidad del sistema público de pensiones es la gran engañifa del gobierno

Publicado por Vicente Montañez el 12 de Julio de 2017. 

Qué raro resulta en los últimos tiempos no leer o escuchar un titular en los medios de comunicación en los que no se cuestione la viabilidad del actual sistema público de pensiones. Amparándose en el envejecimiento de la población, en la baja tasa de natalidad del país o en el incremento de la pensión media, no faltan informes de organismos como el Banco de España, alguna de las principales entidades financieras del país, la patronal o el mismo Fondo Monetario Internacional en los que se augure un colapso del sistema si no se toman medidas. Se proponen acciones correctoras que en definitiva lo único que promueven es una disminución de la cantidad a percibir, un aumento de la vida laboral o la necesaria combinación de planes privados para mantener la renta media tras la jubilación. En definitiva, se está planteando un problema técnico sobre unas hipótesis de partida aparentemente por todos aceptadas (lo que no significa que dichas hipótesis sean ciertas) para enmascarar lo que realmente es un problema político.

Si somos un poco críticos y frente a un gobierno que ha consolidado su minoría en la política electoralista del miedo, es fácil intuir que cualquier medida orientada a garantizar la tan ansiada jubilación del español medio, por injusta que esta pueda parecer, se justificará por si misma si asegura, aunque solo sea sobre los papeles, la continuidad del sistema público de pensiones. A partir de ahí, se abre la puerta a la aplicación, desde el necesario consenso parlamentario, a la aplicación de medidas en materia de pensiones orientadas a corregir otras medidas de índole económico tomadas con anterioridad y que no han dado el fruto esperado. Y voy a poner un ejemplo de lo que indico.

Si en un país como España que crece por encima de la media europea y que se crea más empleo que nunca, pudiendo asegurar que esto seguirá siendo así mientras se crezca por encima del 1,5% del PIB y donde las previsiones del gobierno aseguran que esto será as al menos hasta el 2020, parece razonable pensar que el problema del déficit de la seguridad social tenderá a corregirse por sí mismo en la medida que nuestra población activa crezca y por tanto en el medio y largo plazo no habría problemas en la sostenibilidad del sistema público de pensiones, únicamente se debería de apalancar ese déficit mediante préstamos de Hacienda a las arcas de la seguridad social. Esto, que es el logro que el actual gobierno vende como fruto de las medidas estructurales adoptadas y concretamente como aplicación de la reforma laboral, tiene su trampa. Es cierto que numéricamente creamos empleo, que cada vez hay más gente que sale de las filas del paro para reincorporarse al mercado laboral, el problema radica en cómo lo hace. Porque dichas incorporaciones se están realizando con salarios mucho más bajos, con tasa de temporalidad superiores al 85% y en muchos de los casos con contratos por horas y no a tiempo completo. Lo que realmente ha traído la reforma laboral es una redistribución de las rentas del trabajo. Es decir, el monto total de salarios, ahora se redistribuye entre más personas que ganan menos y/o trabajan menos tiempo. Como consecuencia, las aportaciones totales a la seguridad social no crecen, y el problema persiste, no por una deficiencia del modelo redistributivo del sistema público de pensiones, sino como consecuencia de una inadecuada política de creación de puestos de trabajo, no basada en la mejora de la competitividad sino en la redistribución de las rentas del trabajo.

Pues bien, aceptar el fracaso de la actual política laboral del gobierno no es políticamente correcto y sería electoralmente peligroso. Es más fácil, aplicar la engañifa del sistema público de pensiones, y proponer como solución para la sostenibilidad del mismo, el cobro de una única pensión a aquellas personas que tengan derecho a dos o más, produciéndose un ahorro en los pagos, y contrarrestando de esta forma la falta de ingresos. Es mucho más sencillo tomar medidas para el sostenimiento del sistema público de pensiones, y no reconocer que con la actual política laboral no estamos generando el empleo que nuestra economía necesita para mantener el estado del bienestar.

Este es solo un ejemplo de una de las medidas propuestas en esos informes a los que hacía mención con anterioridad, pero no es la única. Son muchas, y variopintas las medidas propuestas, pero todas entrañan un problema político en la gestión económica. Durante próximos artículos, analizaré todas y cada una de las hipótesis de partida en el diagnóstico de no sostenibilidad del sistema público de pensiones, para justificar que dichas hipótesis no son siempre certeras y que el sistema público de pensiones es sostenible tal y como hoy se concibe, por tanto lo único que se está realizando es un uso político, amparado en aspectos técnicos, para implementar medidas impopulares bajo la política del miedo que genera la insostenibilidad de las pensiones en España.

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